THE BEST SIDE OF EXTRADICIóN MéXICO ESPAñA

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Durante el proceso de extradición, los individuos tienen derecho a ser informados de los cargos en su contra, a ser asistidos por un abogado, a presentar pruebas y a apelar las decisiones judiciales. Además, deben ser tratados con respeto a sus derechos humanos y a las garantías procesales.

La orden europea permite a cualquier autoridad judicial solicitar la entrega de una persona a otro estado miembro, para el siguiente de actuaciones penales o bien para el cumplimiento de una condena.

En cuanto al derecho internacional se establece la obligación de extraditar; pero cuando se trata de nacionales del Estado requerido la entrega se torna facultativa, queda a juicio del Estado, pero con la obligación subsidiaria, que en el caso de que no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado requeriente. Extradición por delitos políticos[editar]

Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil o mercantil

Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos have a peek here extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.

Cuando no existe un acuerdo de extradición entre España y otro país, significa que no hay un tratado bilateral o multilateral vigente que obligue a las partes a entregarse mutuamente a personas acusadas o condenadas por determinados delitos.

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2. La inmunidad prevista en el precedente apartado cesará cuando el testigo o Perito permaneciere más de cuarenta y cinco días en el territorio de la Parte requirente después del momento en que su presencia ya no fuere exigida por las autoridades judiciales de dicha Parte.

Escrito solicitando exhibición de cosa que tenga en su poder la persona a la que se pretende demandar

Escrito de ambas partes solicitando la suspensión del proceso al mediar cuestión prejudicial no penal

La inexistencia de acuerdos de extradición tiene repercusiones directas en el funcionamiento de la justicia en España. Estos efectos van desde limitaciones en el alcance de las investigaciones criminales hasta posibles entorpecimientos en la aplicación de la ley.

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